La inauguración de la segunda sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó en medio de una fuerte controversia por la transferencia de jueces nacionales a la jurisdicción local, tras el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el acto, la presidenta del TSJ, Inés Weinberg, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, coincidieron en criticar la resistencia de los jueces nacionales a ser transferidos, señalando que esta actitud perjudica a los ciudadanos y demora la plena autonomía judicial de la Ciudad.

Weinberg expresó que "a la justicia nacional le cuesta aceptar nuestra competencia" y subrayó que el desafío es "aunar esfuerzos para no perjudicar al destinatario de nuestra labor, que en definitiva es el ciudadano". Por su parte, Macri recordó la importancia de la autonomía porteña establecida en la Reforma Constitucional de 1994 y afirmó: "No pedimos privilegios ni concesiones, simplemente el cumplimiento de la Constitución". Ambos destacaron que la transferencia de competencias judiciales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo de la Ciudad.

El fallo Levinas, dictado por la Corte Suprema en 2024, dispuso que cerca de 300 jueces nacionales pasen a la órbita del TSJ porteño. Sin embargo, las cámaras de apelaciones nacionales han presentado cautelares y boicotean el proceso, argumentando que sus jueces fueron nombrados por el Senado de la Nación. Esta resistencia ha generado demoras en la implementación de la medida y dificultades para notificar a las partes involucradas en más de 3.000 expedientes que ya se encuentran en el TSJ.

La nueva sede del TSJ, ubicada en Pellegrini 313, fue diseñada por el arquitecto Mario Roberto Alvarez y alberga áreas administrativas y judiciales clave, incluyendo la Sala de Audiencias Públicas y el Centro de Formación Judicial. Entre enero y agosto de 2025, ingresaron al Tribunal 3.917 causas, de las cuales 2.884 derivan del fallo Levinas, reflejando la magnitud del cambio institucional en curso.

El evento contó con la presencia de autoridades porteñas y nacionales, magistrados y representantes de colegios de abogados. La controversia por la transferencia de jueces nacionales pone de relieve los desafíos pendientes para completar la autonomía judicial de la Ciudad, un proceso que, según Macri y Weinberg, es esencial para la transparencia, celeridad y seguridad jurídica que demandan los porteños. Las implicaciones futuras giran en torno a la resolución de los conflictos de competencia y la consolidación de un poder judicial autónomo y moderno en Buenos Aires.