El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, revelando un significativo aumento en sus fortunas durante el último año fiscal. Según los documentos oficiales, Javier Milei declaró un patrimonio total de $206.046.375, lo que representa un incremento de casi el 65% respecto al cierre fiscal anterior, cuando había informado $125.650.891. Por su parte, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, triplicó su patrimonio, pasando de $3.548.270 a $11.401.021.

El crecimiento en ambos casos se atribuye a la revaluación de bienes ya existentes, sin la adquisición de nuevas propiedades. El presidente Milei mantiene un departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya valuación fiscal pasó de $13,6 millones a $38,4 millones. Además, declaró dos vehículos con un valor conjunto de $36,4 millones y ahorros en efectivo y cuentas bancarias que, convertidos al tipo de cambio oficial, suman más de $87 millones. No se registraron deudas vigentes en la declaración.

Karina Milei, por su parte, detalló la propiedad de un departamento de 150 metros cuadrados en CABA, revaluado de $1,8 millones a $3,9 millones, y declaró $4,2 millones en una caja de ahorro, además de un crédito impositivo superior a $2,4 millones. A diferencia de su hermano, no declaró dólares en efectivo ni depósitos en moneda extranjera.

Las declaraciones juradas patrimoniales son una obligación anual para los funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados y senadores nacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los valores declarados corresponden a valuaciones fiscales, que suelen estar por debajo de los valores de mercado, lo que genera debate sobre la representatividad real de estos montos.

El incremento patrimonial de los Milei ocurre en un contexto de ajuste fiscal y recortes del gasto público, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la gestión presidencial y su entorno. Mientras algunos sectores destacan la transparencia del proceso, otros cuestionan la distancia entre los valores fiscales y los de mercado, así como el impacto simbólico de estos aumentos en un momento de crisis económica. El debate sobre la evolución patrimonial de los funcionarios continúa siendo un tema central en la agenda pública y política argentina.