La ciudad cordobesa de Villa Allende comenzará en marzo la instalación de portones en calles secundarias como parte de un plan para combatir la creciente inseguridad. La medida, que busca restringir el acceso vehicular nocturno entre las 22 y las 6, fue avalada por la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, pese a la fuerte oposición de vecinos y dirigentes políticos.

El proyecto, que demandará una inversión inicial de $300 millones, contempla la colocación de 14 portones en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Estas estructuras de hierro macizo, de dos metros de altura, serán controladas por móviles policiales y, en algunos casos, permitirán el paso peatonal. El plan forma parte de un Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal, que también prevé la incorporación de 250 cámaras de seguridad, 57 domos policiales y cinco móviles adicionales.

Según el intendente Pablo Cornet, la iniciativa responde a un incremento del 60% al 70% en los delitos respecto al año anterior, con robos nocturnos como principal preocupación. "Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar", explicó Cornet, quien aseguró que la idea surgió del diálogo con los propios vecinos.

Sin embargo, la medida ha generado polémica. Grupos vecinales y la oposición presentaron amparos judiciales, argumentando que el cierre de calles vulnera derechos fundamentales y puede resultar discriminatorio. La concejal Marta Banegas advirtió que "en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso". Además, se cuestionó el método de consulta ciudadana, ya que solo los contribuyentes pudieron votar en el Registro de Oposición, dejando fuera a otros residentes.

El tribunal consideró la medida "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". No obstante, los amparistas anunciaron que apelarán el fallo y convocaron a nuevas asambleas para continuar el reclamo. El Ministerio de Seguridad provincial, por su parte, sostuvo que la autonomía municipal debe ser respetada y garantizó la presencia policial en cualquier circunstancia.

El debate en Villa Allende refleja la tensión entre la búsqueda de soluciones inmediatas ante la inseguridad y la necesidad de preservar derechos ciudadanos y cohesión social. El resultado de esta experiencia podría influir en futuras políticas de seguridad urbana en la provincia.