La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012, en un fallo que representa un alivio económico significativo para el país. La decisión, que anula el dictamen de la jueza Loretta Preska, fue celebrada por el gobierno argentino y diversos sectores políticos, aunque también reavivó debates sobre la transparencia y las responsabilidades en torno a la reestatización de la petrolera.

Burford Capital, el fondo que lideró la demanda contra Argentina, había invertido 15 millones de dólares en la adquisición de los derechos litigiosos y llegó a vender el 35% de la causa a inversores anónimos, quienes ahora enfrentan pérdidas millonarias. La caída del negocio para Burford se reflejó en una baja del 50% en el valor de sus acciones en la bolsa de Nueva York, evidenciando el impacto financiero del fallo.

El gobierno de Javier Milei optó por no negociar extrajudicialmente y sostuvo que la resolución debía dirimirse en la justicia estadounidense. "Todo se resolverá en la Justicia norteamericana y solo después de una intervención de la Corte Suprema se podrá hablar", señalaron fuentes oficiales. Esta postura fue considerada adecuada por algunos analistas, aunque otros critican la falta de autocrítica y la utilización política del fallo.

El trasfondo del caso involucra la polémica expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, así como la compleja estructura financiera que permitió a las sociedades Petersen adquirir acciones de la petrolera con préstamos garantizados por dividendos. La quiebra de estas sociedades y la posterior venta de los derechos litigiosos a Burford Capital dieron origen a un proceso judicial que se extendió por más de una década.

El fallo también pone en evidencia la opacidad sobre los beneficiarios finales de la demanda, un aspecto que podría tener repercusiones políticas y económicas en el futuro. Mientras tanto, el alivio financiero para el Estado argentino es innegable, aunque persisten los desafíos en materia de transparencia y fortalecimiento institucional para evitar nuevos litigios internacionales.