El juez Ernesto García Maañón, camarista de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, enfrenta una denuncia por acoso sexual y abuso de poder presentada por una secretaria judicial, identificada como G.B.S. La denuncia, formalizada a principios de julio, incluye la presentación de chats y audios que evidencian una conducta reiterada y persistente por parte del magistrado, quien se refería constantemente al aspecto físico y la vestimenta de la funcionaria, además de insistir en mantener conversaciones y encuentros fuera del ámbito laboral.

Entre los mensajes aportados al expediente se destacan frases como "Los pantalones te quedan muy bien. Hoy lo comprobé" y "Prefiero seducir a ordenar", enviados fuera del horario de trabajo. La secretaria respondió en varias ocasiones que no aceptaba sugerencias fuera del ámbito laboral y que no estaba disponible emocional ni físicamente, intentando establecer límites que fueron sistemáticamente ignorados por el juez. El punto de inflexión se produjo cuando García Maañón envió un mensaje institucional en un grupo de WhatsApp de la Cámara, sugiriendo públicamente que no quería seguir trabajando con la funcionaria y cuestionando su desempeño anterior. Como respuesta, la denunciante reenvió al mismo grupo un audio privado en el que el magistrado le manifestaba su "atracción sexual" y aseguraba que ese sentimiento no interferiría en su vínculo laboral.

La denuncia fue presentada ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, lo que derivó en la intervención de la Procuración General y la apertura de una investigación penal a cargo del fiscal José Amallo. En paralelo, organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron la intervención de la Suprema Corte y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. El entorno del juez niega las acusaciones y sostiene que los mensajes fueron malinterpretados, mientras que la denunciante y su abogado consideran que se trata de un ejercicio abusivo de poder que desprestigia al Poder Judicial y amerita sanciones ejemplares.

La renuncia de García Maañón fue presentada días antes de la finalización de la feria judicial de invierno y está pendiente de aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof. La decisión del Ejecutivo provincial tendrá implicancias institucionales y simbólicas, ya que podría evitar una investigación administrativa en el Consejo de la Magistratura, aunque la causa penal continuará su curso. El caso se suma a otros escándalos recientes en el departamento judicial de zona norte y expone problemas estructurales de abuso de poder y acoso en el ámbito judicial argentino.