Fondos acreedores con sentencias previas contra la Argentina han solicitado a la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tomar posesión de parte del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado nacional. Esta petición, presentada bajo la figura legal conocida como “me too”, busca replicar los efectos del reciente fallo que ordenó entregar ese paquete accionario a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera.

Entre los fondos que presentaron la solicitud se encuentran Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, todos con sentencias firmes por deuda en default. Argumentan que sus fallos judiciales son anteriores a los de los casos YPF y Bainbridge, por lo que reclaman prioridad en el cobro. La controversia se centra ahora en la prelación de cobro y en quién recibirá primero el producto de una eventual transferencia de las acciones estatales de YPF.

El Gobierno argentino, por su parte, ha solicitado la suspensión de la ejecución de la orden judicial, argumentando que la sentencia resulta jurídicamente inaplicable y que su implementación sería inviable tanto en términos legales como prácticos. La ley argentina prohíbe la transferencia de las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso, pero la jueza Preska sostiene que la legislación local no impide la ejecución de sentencias en Estados Unidos.

Este nuevo capítulo judicial se suma a una larga serie de litigios internacionales que enfrenta la Argentina por deuda soberana y expropiaciones. La disputa sobre la prelación de cobro podría sentar un precedente relevante para futuras reestructuraciones de deuda soberana y la protección de activos estratégicos nacionales. Mientras tanto, legisladores argentinos han anunciado proyectos para blindar las acciones de YPF y evitar su transferencia, en un contexto de creciente tensión entre la justicia estadounidense y la soberanía legislativa argentina.