El gobierno de Misiones presentó una denuncia ante la Justicia Federal tras detectar graves irregularidades en las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en localidades como San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo. Los operativos, destinados a revisar la continuidad de pensiones por discapacidad, fueron realizados por militantes políticos en vez de profesionales médicos, lo que generó preocupación y rechazo entre los beneficiarios y autoridades locales.

Según testimonios recogidos por medios provinciales y nacionales, los beneficiarios fueron citados bajo amenaza de perder sus pensiones, en muchos casos a direcciones inexistentes o en condiciones precarias, como restaurantes abandonados. Las auditorías se caracterizaron por largas filas a la intemperie y la ausencia de asistencia sanitaria adecuada. Al finalizar, los beneficiarios recibieron constancias con sellos y firmas falsificados, lo que llevó a la ANSES a rechazar los certificados por falta de validez legal.

El cardiólogo Leandro Peñaloza, cuya firma fue falsificada en los documentos entregados, negó cualquier vínculo con ANDIS y anunció que presentará una denuncia penal. "El sello y la firma no son míos. Claramente hay una falsificación", declaró Peñaloza, quien también cuestionó la participación de estudiantes en las auditorías.

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli calificó el proceso como "inadmisible" y respaldó la decisión de presentar un recurso de amparo, argumentando que "se están vulnerando derechos y se está jugando con la gente". La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, también denunció la falta de transparencia y profesionalismo en el proceso, exigiendo la restitución inmediata de las pensiones suspendidas y auditorías transparentes.

El conflicto se desarrolla en el contexto de una intervención nacional de ANDIS, tras denuncias de corrupción y la salida de su anterior titular. Misiones, una de las provincias con mayor proporción de pensiones por discapacidad, se encuentra en el centro de la polémica, reflejando la tensión entre el gobierno nacional y provincial y la vulnerabilidad de los beneficiarios afectados. Las autoridades locales y organizaciones sociales exigen respeto, transparencia y la garantía de derechos básicos para las personas con discapacidad, mientras la situación sigue generando malestar y desconfianza en la comunidad.