En un esfuerzo por incentivar la circulación de dinero no declarado y garantizar mayor transparencia fiscal, el Gobierno Nacional de Argentina ha logrado que 12 provincias adhieran al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Este acuerdo, promovido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca facilitar la declaración y el pago de impuestos, al tiempo que excluye a las provincias no adherentes de acceder a datos clave de facturación y consumos.

La firma de los acuerdos se llevó a cabo en la Casa Rosada y en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la participación de figuras destacadas como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Entre las provincias que ya han firmado se encuentran Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis. En algunos casos, los gobernadores participaron personalmente, mientras que otros enviaron representantes.

El régimen ha sido presentado como una herramienta para desburocratizar la estructura tributaria y fomentar la libertad económica. Sin embargo, no ha estado exento de críticas. Gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gildo Insfrán (Formosa) han mostrado resistencia, mientras que otros, como Hugo Passalacqua (Misiones), optaron por firmar a distancia. Mendoza, por su parte, ha decidido esperar más detalles antes de adherirse, argumentando que el régimen aún no está claramente definido.

El contexto económico en el que se implementa esta medida es complejo. Las provincias enfrentan una caída en la coparticipación federal y ajustes fiscales que han generado tensiones con la administración nacional. Según datos de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias automáticas de fondos a las provincias podrían descender un 4,2% durante 2025.

Economistas como Juan Carlos De Pablo han señalado que, aunque la medida es un paso en la dirección correcta, no será suficiente para generar confianza económica a corto plazo. "Recrear un mercado dinámico puede llevar años", afirmó De Pablo en un evento reciente en Córdoba.

A pesar de las divisiones, el Gobierno Nacional continúa promoviendo el régimen como una solución viable para mejorar la transparencia fiscal y fomentar la libertad económica. Con más provincias aún por decidir su adhesión, el debate sobre el impacto y la efectividad de esta medida está lejos de concluir.