El reciente allanamiento a la vivienda de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los principales denunciantes en causas de presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), generó una fuerte polémica en el ámbito político y judicial argentino. El procedimiento, realizado el viernes pasado en Pilar, fue autorizado por el juez Walter Saettone en el marco de una causa por supuesta extorsión, tras la denuncia de un chofer vinculado al exministro Jorge D’Onofrio.

Durante el operativo, la policía secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación. Según relató la esposa de Yofe, la policía actuó de manera intimidatoria, amenazando con esposarla y retirar a su hija menor si no permitía el ingreso inmediato. Yofe, quien no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, se presentó posteriormente a declarar en la UFI 3 de Pilar, acompañado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Carrió calificó el allanamiento como un “mensaje mafioso” y apuntó directamente contra Sergio Massa, a quien acusó de controlar la Justicia bonaerense. “Massa está desesperado”, declaró Carrió, quien también es abogada de Yofe en la causa. Desde el entorno de Yofe sostienen que la denuncia por extorsión carece de fundamentos sólidos y que el procedimiento judicial fue desproporcionado en comparación con otras investigaciones de mayor relevancia institucional.

El caso se da en el contexto de una serie de denuncias impulsadas por Yofe y Carrió sobre presunto lavado de dinero y coimas en la AFA y la provincia de Buenos Aires. La investigación sobre la mansión de Villa Rosa, presuntamente vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, es uno de los ejes de la controversia. El episodio reaviva el debate sobre el uso de la Justicia en causas de alto impacto político y económico, y refuerza las denuncias sobre la utilización del sistema judicial para presionar a quienes investigan corrupción.

Hasta el momento, no se informó si el allanamiento arrojó pruebas relevantes. El caso sigue generando repercusiones y pone en discusión el rol del Poder Judicial en investigaciones sensibles, así como la protección de los denunciantes en causas de interés público.