En junio de 2025, las empleadas domésticas argentinas atraviesan una situación crítica debido al congelamiento de los salarios mínimos desde febrero, en un contexto de inflación persistente y escasa actualización salarial. Según la Resolución 1/2025, los valores vigentes para el personal de casas particulares no han sido modificados desde su publicación en febrero, lo que ha generado preocupación tanto en trabajadoras como en empleadores.

El mes de junio es especialmente relevante porque corresponde el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este ingreso representa el 50% del mejor sueldo mensual percibido entre enero y junio, y debe abonarse antes del 30 de junio, aunque la ley permite un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles, extendiendo el límite hasta el 4 de julio. Si la trabajadora no completó el semestre, el pago es proporcional a los meses trabajados.

Los salarios varían según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Por ejemplo, para tareas generales, los valores parten desde $2.863 por hora (con retiro) y pueden superar los $4.000 en zonas consideradas desfavorables, donde se aplica un adicional del 30%. Además, desde septiembre de 2021, rige un adicional del 1% anual por antigüedad, que se suma de forma acumulativa al salario mensual.

El sector enfrenta una alta informalidad, con más del 70% de las trabajadoras sin registrar, lo que agrava la vulnerabilidad frente a la inflación y la falta de paritarias. Sindicatos y especialistas advierten que el salario mínimo está desfasado respecto a las necesidades básicas y reclaman una urgente actualización de las escalas salariales. Por su parte, el Gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, ha impulsado una política de liberalización en las relaciones laborales, reduciendo los mecanismos de revisión periódica de sueldos y promoviendo negociaciones individuales.

El Convenio Colectivo vigente establece cinco categorías de trabajo y contempla adicionales por zona y antigüedad. Los empleadores están obligados a realizar los aportes correspondientes a la seguridad social y obra social, asegurando la cobertura médica y previsional de las trabajadoras. Sin embargo, la falta de actualización salarial y la creciente informalidad continúan siendo los principales desafíos para uno de los sectores más postergados del mercado laboral argentino. El futuro del sector dependerá de la capacidad de diálogo entre gremios, empleadores y el Estado para garantizar condiciones laborales dignas y acordes al contexto económico.