El Gobierno nacional enfrenta dificultades para avanzar con el plan que busca incentivar la bancarización de los llamados "dólares del colchón", los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera del circuito formal. Aunque la iniciativa fue anunciada oficialmente en mayo y se implementaron nuevas normativas para facilitar el ingreso de estos fondos al sistema financiero, los resultados hasta el momento son limitados y el debate legislativo permanece estancado.

El plan incluye la actualización de los montos a partir de los cuales bancos y otras entidades deben informar operaciones a los organismos de control, así como la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Esta medida permitiría a los contribuyentes regularizar su situación impositiva en función de los ingresos y no del patrimonio, brindando mayor tranquilidad jurídica a quienes decidan ingresar dólares no declarados.

Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso ha demorado el tratamiento del proyecto de ley que otorgaría un "blindaje" legal a los contribuyentes. El texto enviado al Parlamento amplía el alcance de la medida a rentas no declaradas en el exterior y excluye a los monotributistas, lo que generó tensiones incluso entre aliados del oficialismo. Las comisiones clave aún no han convocado al plenario para tratar la ley, y el oficialismo necesita sumar apoyos de bloques opositores y gobernadores para avanzar.

En el sistema bancario, el impacto de las medidas es dispar. Algunas entidades reportaron ingresos atípicos de dólares, mientras que otras no registran movimientos significativos. Los datos del Banco Central muestran que los depósitos en dólares del sector privado se mantienen por encima de los US$30.000 millones desde abril, aunque con una leve baja desde el anuncio oficial.

En paralelo, el Gobierno intensifica las negociaciones con los gobernadores. Hasta el momento, 12 provincias y la Ciudad de Buenos Aires firmaron acuerdos para adherir al régimen simplificado, pero aún faltan apoyos clave de distritos como Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Los mandatarios provinciales condicionan su respaldo a la obtención de fondos para obras públicas, mientras el Ejecutivo libera recursos de manera gradual y supedita el avance legislativo a estos acuerdos.

El futuro del plan depende de la capacidad del oficialismo para destrabar las negociaciones en un Congreso fragmentado y en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones y la división de fuerzas tradicionales. Por ahora, la regularización de los "dólares del colchón" avanza con cautela y sin resultados contundentes.