El caso de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", continúa generando controversia en La Plata. La joven de 21 años enfrenta cargos por el homicidio de Walter Armand, un motociclista atropellado en abril de 2024 mientras, según la acusación, participaba en una picada ilegal. El juez Claudio Bernard ordenó su traslado a una cárcel común tras superar el límite de seis meses en una alcaidía, a pesar de que el Tribunal de Casación Penal había dispuesto prisión domiciliaria.

El accidente ocurrió el 12 de abril de 2024 en el cruce de las calles 13 y 532 de La Plata. Según las investigaciones, Alvite cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y embistió a Armand, quien falleció en el acto. Inicialmente imputada por homicidio culposo, la carátula fue agravada a homicidio simple con dolo eventual tras analizarse imágenes del hecho. La joven fue detenida en mayo de 2024 tras permanecer prófuga varios días.

La defensa de Alvite, liderada por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, sostiene que la detención de su clienta es inconstitucional y viola tratados internacionales de derechos humanos. Argumentan que la prisión domiciliaria ya fue aprobada por Casación y que su detención actual es arbitraria. "Lo que están haciendo es castigarla por adelantado", señalaron en un comunicado.

Por su parte, la familia de Walter Armand insiste en que Alvite permanezca en prisión, calificando su conducta como irresponsable y peligrosa. "Nos falta todo. Nos sacó mucho esta persona", expresó Milton Armand, hermano de la víctima. La familia también ha criticado la falta de empatía de la acusada y su actitud tras el accidente.

El caso ha reavivado el debate sobre las picadas ilegales y la responsabilidad penal en accidentes de tránsito. Alvite, quien se autodenominaba "La Toretto" en redes sociales en referencia al personaje de "Rápidos y Furiosos", ha negado estar participando en una carrera ilegal al momento del accidente. Según su versión, seguía a una amiga que no sabía cómo regresar a su casa.

El juicio oral está previsto para finales de 2025. Mientras tanto, el caso sigue polarizando a la opinión pública, con debates sobre justicia, derechos humanos y seguridad vial. Organizaciones de derechos humanos han señalado posibles irregularidades en el proceso judicial, mientras que otros sectores exigen una condena ejemplar para la joven.