Un megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil, denominado "Aliados por la Infancia VI", se desplegó en simultáneo en 18 provincias argentinas y al menos 17 países, resultando en 266 allanamientos y 84 detenciones, de las cuales 26 ocurrieron en Argentina. La acción fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención de la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy y la colaboración de organismos internacionales como la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad estadounidense.

El operativo se basó en reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que permitieron identificar domicilios y sospechosos vinculados a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil. En Mendoza, Tucumán y otras provincias, se allanaron viviendas y se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes digitales y armas de fuego, que serán analizados para profundizar la investigación.

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en el penal de Olmos, donde se investiga a un interno que, pese a estar cumpliendo condena por abuso sexual, habría continuado distribuyendo material ilegal desde su celda. En Santa Cruz, el allanamiento a la vivienda de una funcionaria pública derivó en su apartamiento del cargo, generando repercusiones políticas e institucionales.

El fiscal general porteño, Martín López Zavaleta, destacó que "la cooperación internacional constituye un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional". Por su parte, la fiscal Dupuy subrayó la necesidad de actuar con rapidez y eficacia en el análisis de la evidencia secuestrada.

Las investigaciones, que suelen extenderse durante meses y requieren la identificación de sospechosos a través de la dark web, continúan en etapa de análisis de pruebas, con la expectativa de nuevas imputaciones y avances hacia el juicio. El operativo evidenció la magnitud y complejidad de las redes internacionales de explotación infantil y la importancia de la articulación entre organismos nacionales e internacionales para combatir estos delitos.