El Gobierno nacional oficializó una nueva reglamentación que modifica los tiempos máximos de vuelo y descanso para pilotos y tripulantes de cabina, generando un fuerte rechazo por parte de los gremios aeronáuticos. El Decreto 378/2025, publicado en el Boletín Oficial, reduce el descanso mínimo semanal de 36 a 30 horas, eleva el tope anual de horas de vuelo de 800 a 1000 y establece 15 días consecutivos de vacaciones anuales, eliminando el régimen previo que permitía hasta 45 días. Además, el tiempo máximo de vuelo diario baja de 10 a 8 horas, aunque se contemplan excepciones según la cantidad de tripulantes a bordo.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó su rechazo a la medida, calificándola de "improvisada" y advirtiendo que compromete la seguridad operacional al no considerar adecuadamente la gestión de la fatiga. "Esta medida fue impulsada sin el debido cumplimiento de los principios básicos de gestión de la seguridad operacional, ignorando análisis de riesgos y estudios científicos", señaló el gremio en un comunicado. APLA anunció que llevará adelante acciones gremiales, judiciales y presentaciones ante organismos internacionales para revertir la decisión, y convocó a un paro de actividades que afectará las operaciones en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza el próximo 10 de junio.

Desde el Gobierno, se argumenta que la reforma busca modernizar y desburocratizar el sector aerocomercial, alineando la normativa local con los estándares internacionales de la FAA estadounidense y la OACI. "La nueva normativa se formuló en base a lineamientos técnicos aeronáuticos, despojándola de connotaciones gremiales o políticas que han obrado en perjuicio de la industria y del mercado", sostuvo la Secretaría de Transporte. Además, se destaca que la medida permitirá mayor competitividad y facilitará el ingreso de nuevas compañías al mercado argentino.

Fuentes empresariales consultadas señalan que, si bien los cambios no tendrán un impacto inmediato en las condiciones laborales de Aerolíneas Argentinas debido a la vigencia de convenios colectivos más favorables, la nueva normativa podría influir en futuras negociaciones. El debate abierto gira en torno al equilibrio entre la necesidad de modernizar el sector y garantizar la seguridad y condiciones laborales de los trabajadores. El conflicto promete escalar en las próximas semanas, con posibles repercusiones en la operación aérea y en la agenda política nacional.