La localidad de Hipólito Yrigoyen, en Salta, atraviesa una profunda crisis institucional y social tras los graves incidentes ocurridos durante una protesta de trabajadores municipales. El conflicto, que lleva varios días, se intensificó el 14 de agosto cuando un operativo policial para desalojar a los manifestantes terminó con al menos 25 heridos, entre ellos Juan Azalle, quien perdió un ojo por el impacto de un proyectil de goma. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales, recategorizaciones, pase a blanco de sumas no remunerativas, pago de bonos y provisión de ropa de trabajo, demandas que consideran derechos básicos postergados por la actual gestión.

El abogado Ramón Saldaño, representante de los lesionados, denunció que la policía actuó sin orden judicial y con un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública. "Accionaremos judicialmente contra la intendenta Soledad Cabrera, la fiscal de Pichanal Dora Fuentes y la Policía por abuso de autoridad y daños", afirmó Saldaño, quien también señaló que la gravedad de las lesiones exige la intervención de la Justicia de oficio. Medios locales reportaron que la Infantería disparó balas de goma a la cabeza de los manifestantes, violando protocolos de actuación.

La crisis se agravó por la ausencia de la intendenta Cabrera en las negociaciones, quien participó en actos protocolares fuera de la ciudad mientras el malestar crecía entre los empleados y la comunidad. El municipio, además, descontó parte del salario de julio a quienes participaron en la protesta, lo que fue denunciado por el sindicato ATE como una medida de castigo y presión para dividir al personal.

La tensión social aumentó a pocas horas de la fiesta patronal, con la suspensión de los actos públicos y el desfile cívico-militar por motivos de seguridad. La municipalidad instó a una reunión urgente con mediación del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto y restablecer la paz social. Sindicatos y organizaciones políticas repudiaron la represión y exigieron la destitución de la jefa comunal, mientras los trabajadores anunciaron la continuidad del paro y nuevas asambleas informativas.

El trasfondo del conflicto incluye el incumplimiento de acuerdos laborales previos y el deterioro salarial, que afecta gravemente a los empleados municipales. Según ATE, casi el 70% de los ingresos de los trabajadores precarizados se destina al pago de servicios básicos, lo que genera una situación de pobreza extrema. La crisis amenaza con prolongarse y empañar las celebraciones tradicionales de la ciudad, dejando en vilo a toda la comunidad de Hipólito Yrigoyen.