La Justicia Federal de Tucumán amplió el procesamiento contra Valentina Olguín, cantante e influencer santiagueña, acusada de utilizar los CUIT y datos fiscales de cuatro gobernadores argentinos para realizar compras de lujo en el exterior. La medida, dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N° 2, señala a Olguín como responsable de al menos quince hechos de contrabando por simulación, una maniobra que consistía en el uso indebido de la identidad de los mandatarios para recibir en su domicilio paquetes de indumentaria de una reconocida marca estadounidense.

El procesamiento, que inicialmente se limitaba a operaciones vinculadas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ahora incluye hechos similares perpetrados con los datos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El juzgado también dispuso aumentar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos, triplicando la cifra inicial.

Según la investigación, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, Olguín simuló operaciones de importación ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de compras vía courier, evitando así usar su propio cupo anual. La imputada consignó información falsa ante el organismo recaudador ARCA y gestionó los envíos internacionales a través de la empresa FedEx, recibiendo la mercadería en su domicilio del barrio porteño de Núñez.

Durante los allanamientos, se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y prendas de vestir en sus envoltorios originales. La defensa de Olguín argumentó que los datos utilizados provenían de una "búsqueda al azar" en internet y que no existió intención delictiva, pero la Justicia rechazó estos planteos, destacando la reiteración de las operaciones y el perfil público de los funcionarios involucrados.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el gobernador Jaldo en octubre de 2024, quien detectó el uso no autorizado de su CUIT para compras en el exterior. De comprobarse el delito, Olguín podría enfrentar penas de 2 a 8 años de prisión. El caso ha generado debate sobre la seguridad de los datos personales y la vulnerabilidad de los sistemas fiscales ante maniobras fraudulentas.