El presidente Javier Milei encabezó este 9 de julio un brindis en la Casa Rosada para celebrar el cierre del ciclo de facultades delegadas que el Congreso le otorgó hace un año a través de la Ley Bases. El evento, que coincidió con el aniversario de la independencia argentina, reunió a miembros clave del gabinete y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal artífice de las reformas implementadas bajo este régimen excepcional.

Durante el año de vigencia de las facultades delegadas, el Ejecutivo impulsó más de 100 medidas que incluyeron la disolución de organismos como Vialidad Nacional, INADI, INTA, INTI y la CNRT, así como la reorganización de fuerzas de seguridad y la centralización de hospitales nacionales. Según fuentes oficiales, estas acciones permitieron un ahorro fiscal estimado en US$2.000 millones anuales y una reducción significativa de la estructura estatal. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”, afirmó Sturzenegger.

El Gobierno subrayó que el uso de estas facultades fue acotado, temporal y en estricto apego a la Constitución, diferenciándose de gestiones anteriores que prorrogaron estos poderes de manera indefinida. Sin embargo, sectores opositores y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) criticaron el proceso, señalando un aumento del desempleo público, retrocesos en derechos laborales y una caída de la inversión social. El informe del CEPA sostiene que la concentración de poder vació de sentido el rol del Congreso y favoreció la privatización y desregulación en detrimento de la protección social.

De cara al futuro, el Gobierno planea continuar con reformas laborales y económicas, recurriendo a decretos de necesidad y urgencia si es necesario. Sturzenegger seguirá liderando la agenda de desregulación, con énfasis en la flexibilización laboral y la reducción de normativas consideradas obsoletas. El debate sobre el alcance y las consecuencias de estas reformas sigue abierto, con posturas encontradas entre oficialismo y oposición respecto al impacto institucional y social de las medidas adoptadas.