Run Run: peso pesado industrial invierte en Puerto Norte, mal paso en General Motors y ¿cinco años de prisi...
• Inversiones y tensiones en Rosario: Milicic SA impulsa un nuevo desarrollo inmobiliario en Puerto Norte, mientras la crisis en General Motors genera despidos y malestar sindical. El caso Vicentín sigue sin resolución y crecen los desafíos para la economía local.
La ciudad de Rosario y su área metropolitana atraviesan una etapa de intensos movimientos en el sector inmobiliario, industrial y financiero. Milicic SA, una de las constructoras más importantes del país, avanza con un ambicioso proyecto en Puerto Norte, condicionado a la aprobación de excepciones normativas por parte del Concejo Municipal. El desarrollo, que busca transformar la zona y consolidar el crecimiento urbano, enfrenta desafíos vinculados a la altura permitida de las torres y la necesidad de seguridad privada ante la proliferación de asentamientos irregulares en áreas cercanas.
En el plano industrial, la planta de General Motors en Alvear experimenta una reducción significativa de su plantilla. Según fuentes gremiales, 74 empleados aceptaron retiros voluntarios y 16 fueron despedidos, entre ellos un trabajador discapacitado con más de 20 años de antigüedad. Esta situación ha generado malestar entre los trabajadores y críticas a la gestión de derechos laborales, en un contexto de baja producción y alta capacidad ociosa en el sector metalúrgico.
El caso Vicentín continúa sin resolución definitiva. Las objeciones al proceso de cramdown por parte de grandes acreedores como Molinos Agro y Dreyfus mantienen en vilo el futuro de la empresa. El juez a cargo podría demorar la decisión hasta 2026, mientras la compañía sigue operando bajo contratos fazón y enfrenta la posibilidad de quiebra si no se homologa la oferta presentada.
En el ámbito judicial, el financista Herrera aceptó un acuerdo de juicio abreviado que le impondría cinco años de prisión por estafa, aunque la liquidación de sus bienes no alcanzará para cubrir la deuda total con más de 700 acreedores. El caso pone de relieve las dificultades para recuperar activos en procesos de quiebra y la necesidad de mayor transparencia en el sistema financiero.
El acceso al financiamiento sigue siendo un desafío para las pymes y el sector productivo, que enfrentan tasas de interés elevadas y escasas opciones de inversión. Las autoridades provinciales avanzan en la constitución de un fondo de garantías para facilitar el crédito, mientras empresarios y sindicatos reclaman reformas laborales y mayor seguridad jurídica. El debate sobre la transparencia en cooperativas de servicios y la concentración económica ante la caída del consumo completan un panorama complejo para la región.
El futuro inmediato dependerá de la capacidad de los actores públicos y privados para alcanzar consensos y generar condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo sostenible en Rosario y su entorno.
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