El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional están cerca de concretar un acuerdo histórico para el traspaso de parte del sistema penitenciario a la órbita porteña. Este convenio, que busca aliviar la sobrepoblación en comisarías y alcaidías, también otorgará mayor autonomía en materia de seguridad y justicia a la Ciudad.

Actualmente, la Ciudad enfrenta una situación crítica con 2491 detenidos distribuidos en comisarías y alcaidías, mientras que el ingreso semanal de nuevos detenidos oscila entre 100 y 120 personas. Para abordar esta problemática, el acuerdo incluye la transferencia de cárceles como Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, además de la construcción de una nueva prisión en Marcos Paz con capacidad para 2240 plazas. Esta instalación contará con infraestructura moderna, incluyendo áreas de salud, educación y reinserción social.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó la buena relación entre ambas administraciones y subrayó que el convenio está en una etapa avanzada, aunque aún requiere ajustes. "Hay una decisión política de firmar el acuerdo. El traspaso viene con fondos, efectivos y unidades penitenciarias", afirmó Giménez.

El acuerdo también busca liberar a los policías de tareas penitenciarias, permitiéndoles enfocarse en la prevención del delito. Actualmente, 3000 policías están dedicados al cuidado de detenidos, una tarea para la que no fueron formados. Con el nuevo sistema penitenciario, se espera que estos efectivos puedan regresar a las calles para reforzar la seguridad urbana.

La nueva cárcel en Marcos Paz, que se espera esté lista en diciembre, será clave para aliviar la congestión en las comisarías. Sin embargo, el cierre del penal de Devoto, que alberga a 1500 reclusos, aún está en discusión debido a la necesidad de espacio adicional.

Este proceso de transferencia es similar al traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, que también implicó una reorganización institucional y una redefinición de competencias. Las autoridades porteñas ven el acuerdo como una solución definitiva a problemas históricos, aunque algunos sectores cuestionan la capacidad de la Ciudad para asumir estas responsabilidades sin comprometer recursos adicionales.

El convenio podría marcar un precedente para futuras transferencias de competencias entre Nación y Ciudad, fortaleciendo la autonomía porteña en materia de seguridad y justicia.