El conflicto entre los odontólogos de Salta y el Instituto Provincial de Salud (IPS) se intensificó tras la exigencia de incorporar fotografías de la boca de los pacientes, incluidos menores de edad, como requisito para autorizar prácticas odontológicas. Esta medida, implementada durante la pandemia y mantenida hasta la actualidad, fue rechazada por el Colegio de Odontólogos y la Asociación Odontológica Salteña, quienes la consideran invasiva, burocrática y sin antecedentes en el país.

Jorgelina Ojeda, presidenta del Colegio de Odontólogos, expresó que "las fotografías de las bocas de las personas son como fotos íntimas, que no deberían ser compartidas ni de adultos ni de niños". Además, señaló que algunos padres se niegan a este procedimiento y que en casos de pacientes con discapacidad resulta impracticable. Claudia Tejerina, presidenta de la Asociación Odontológica Salteña, coincidió en que "no hay ninguna obra social provincial ni nacional en Argentina que pida este tipo de fotografía para hacer una auditoría" y cuestionó la sobrecarga administrativa que implica.

El sistema de auditoría digital delega tareas administrativas a los profesionales, lo que, según Ojeda, altera el criterio clínico tradicional. El conflicto también abarca reclamos estructurales por aranceles atrasados, pagos demorados y condiciones contractuales que afectan la dignidad profesional. Ojeda denunció que "facturamos hoy para cobrar a 60 días y, si el IPS se atrasa, una práctica en seis meses no vale nada".

En reuniones con la Comisión de Salud del Senado, los odontólogos expusieron la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de la cobertura prestacional y la eliminación de ítems de bioseguridad. El volumen de atención de IPS cayó de 15 mil fichas mensuales a 12 mil, representando solo el 60% del trabajo de los consultorios.

El IPS indicó que la decisión sobre el uso de fotografías aún no está cerrada y que se evalúa limitarla a casos excepcionales. El Senado convocará a las nuevas autoridades del IPS para buscar soluciones conjuntas a la problemática arancelaria y operativa. Mientras tanto, el sector odontológico no descarta avanzar con medidas institucionales o judiciales si no hay cambios de fondo en el sistema. El sector médico, por su parte, asegura que las prestaciones están garantizadas, aunque persisten los reclamos por actualización de honorarios y mejoras administrativas.