Una investigación federal en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, expuso una estructura de intermediación financiera ilegal tras un robo ocurrido en junio de 2024. El hecho, que inicialmente fue abordado como un asalto domiciliario, permitió descubrir que en la vivienda asaltada se realizaban operaciones de compraventa de divisas sin la habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los administradores de la financiera, identificados como Edgardo U. y Marcela G., fueron imputados por realizar intermediación financiera sin autorización legal. La pesquisa, impulsada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo y continuada por Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, incluyó allanamientos en los que se secuestraron máquinas contadoras de billetes, computadoras, teléfonos celulares y documentación que acreditaba la operatoria clandestina.

En enero de 2026, las partes alcanzaron un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, previsto en el Código Procesal Penal Federal. Como parte de la reparación, los imputados donaron equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a los centros de salud municipales, incluyendo electrocardiógrafos, desfibriladores y balanzas pediátricas. Además, se comprometieron a abstenerse de realizar actividades de cambio de divisas y préstamos personales durante dos años.

El acuerdo fue homologado por el juez federal Aurelio Cuello Murúa en una audiencia celebrada el 15 de enero, con la participación de funcionarios municipales como beneficiarios. Si los imputados cumplen con las condiciones pactadas, el proceso penal quedará extinguido; de lo contrario, podría reactivarse.

Este caso, que comenzó con un violento robo y derivó en la exposición de una actividad financiera irregular, concluye con una reparación que impacta directamente en el sistema público de salud local. La resolución ha generado debate sobre la aplicación de la probation en delitos económicos y su capacidad para reparar el daño causado al sistema financiero.