La crisis sanitaria por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha dejado, hasta el momento, al menos 53 muertes en todo el país, con epicentro en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. El caso involucra a hospitales públicos y privados, siendo el Hospital Italiano de Rosario y el de La Plata dos de los centros más afectados. Según informes judiciales y epidemiológicos, cerca de 300.000 ampollas adulteradas, distribuidas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, fueron repartidas en redes hospitalarias y droguerías, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo letal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta nacional tras detectar la presencia de bacterias peligrosas en los lotes de fentanilo, lo que llevó a la suspensión de los laboratorios implicados. El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, solicitó y obtuvo el estatus de querellante en la causa, argumentando el interés legítimo del Estado en esclarecer los hechos y proteger la salud pública. "La cartera sanitaria viene colaborando activamente con la justicia desde el inicio de la investigación", señalaron fuentes oficiales.

En Rosario, el director del Hospital Italiano, Ignacio Moreno, explicó que la institución actuó de inmediato tras la alarma nacional, informando a familiares y autoridades, y solicitando ser parte querellante en la causa. "Desde que recibimos la alarma de Nación, accionamos inmediatamente para tomar las medidas necesarias y salvaguardar la salud de nuestros pacientes", afirmó Moreno. En La Plata, familiares de víctimas como Leonel Ayala y Renato Nicolini denunciaron la falta de acceso a información sobre los medicamentos administrados.

La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, avanza con allanamientos y análisis de documentación, mientras se espera el informe de peritos sobre los lotes contaminados. Los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, actualmente inhabilitados, sostienen ser víctimas de una campaña de desprestigio y niegan irregularidades en la trazabilidad de los productos.

El caso ha generado preocupación en el sistema de salud y entre los familiares de las víctimas, quienes exigen explicaciones y justicia. La crisis también ha reavivado el debate sobre los controles en la producción y distribución de medicamentos en el país, y se espera que las investigaciones judiciales definan responsabilidades y posibles sanciones en las próximas semanas.