La Justicia de Salta llevó a cabo este viernes un operativo de allanamiento en cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), en el marco de una investigación por presunta falsificación de firmas y facturación fraudulenta al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) por más de 100 millones de pesos. El procedimiento fue ordenado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, tras la denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú.

Según la denuncia, la firma y el sello de Falú habrían sido utilizados sin su autorización para facturar prácticas médicas ante el IPS. El médico declaró que no mantiene vínculo laboral ni contractual con el IMAC y que desconoce la documentación presentada en su nombre. El 4 de octubre, Falú amplió la denuncia aportando actas y detalles de facturación atribuidos a su nombre durante 2024 y 2025. Paralelamente, el IPS detectó irregularidades en la facturación de junio de 2025 y presentó una denuncia penal contra responsables del IMAC.

Durante los allanamientos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) secuestró documentación, computadoras y registros de atención vinculados a la causa. La Justicia busca determinar si existió una estructura sistemática de facturación apócrifa de prácticas médicas de alta complejidad.

Desde el IMAC, su presidente Fernando Saavedra negó las acusaciones y aseguró que las prestaciones facturadas fueron reales, aunque admitió haber iniciado una auditoría interna tras las observaciones del profesional denunciante. "Estamos satisfechos con la visita de la justicia al sanatorio, porque eso acelerará los tiempos y llegaremos rápido a la resolución del conflicto. Necesitamos urgente llegar a la verdad", expresó Saavedra.

El Colegio Médico de Salta también fue requerido por la Fiscalía para aportar información sobre la matrícula y antecedentes de Falú. El presidente del Colegio, Roberto Robredo, confirmó que no existen antecedentes disciplinarios contra el cardiólogo y subrayó la importancia de la certificación profesional para el control de las prácticas facturadas.

El caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la facturación médica y el rol de los organismos de control en la provincia. La investigación continúa y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.