El concejal mendocino Martín Antolín, representante del Partido Libertario de San Rafael, fue detenido en la madrugada del lunes tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad por la Ciudad de Mendoza. El operativo policial se realizó en la tradicional avenida Arístides Villanueva, donde agentes de tránsito detuvieron a Antolín, quien manejaba un BMW descapotable blanco sin patente y portando una copa de vino en la mano.

El test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó un resultado de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que establece un máximo de 0,5 gramos. Como consecuencia, las autoridades procedieron a retener el vehículo, secuestrar la licencia de conducir y trasladar al edil a la Comisaría Sexta. El caso fue derivado al Juzgado Contravencional y la multa que deberá afrontar podría alcanzar los cinco millones de pesos.

Fuentes policiales y municipales confirmaron que Antolín no opuso resistencia ni intentó utilizar su cargo para evitar la sanción. Sin embargo, el episodio generó un fuerte repudio tanto en el ámbito político como social. La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, expresó en redes sociales: “Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”.

El Partido Libertario, por su parte, emitió un comunicado en el que solicitó la renuncia de Antolín y la intervención del Tribunal de Disciplina, argumentando que “la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce”. El bloque Frente Cambia Mendoza también repudió la conducta del edil y exigió que asuma plena responsabilidad por sus actos.

Este incidente se suma a una serie de casos similares ocurridos en Mendoza durante 2025, en los que otros funcionarios públicos fueron sancionados o renunciaron tras ser detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol. El debate sobre la responsabilidad de los funcionarios y la aplicación estricta de la ley continúa vigente en la provincia, en un contexto de creciente presión social y política para que los representantes públicos actúen con ejemplaridad.