La exjueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, fue condenada a tres años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras admitir haber ofrecido sobornos para influir en procesos de adopción. La sentencia, dictada por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro, se basó en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, luego de que Velázquez reconociera el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública.

El caso se remonta a 2011, cuando Velázquez, entonces titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, ofreció dinero a dos funcionarias públicas para que buscaran mujeres embarazadas en barrios vulnerables, con el objetivo de facilitar la adopción de sus bebés por parte de familias adineradas de la zona. Según consta en el expediente, la exjueza utilizó la expresión "buscar panzas" y propuso un "trabajo extra" a las asistentes sociales, quienes rechazaron la oferta. El tribunal consideró que el delito se configuró con el solo ofrecimiento del soborno, independientemente de que la maniobra no se concretara.

Velázquez fue destituida en 2017 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, tras detectarse múltiples irregularidades en su gestión, incluyendo la firma irregular de expedientes, acoso laboral y presunta intermediación en la cesión de bebés. La investigación reveló que durante su mandato se alteraron legajos de adoptabilidad y se presionó a madres de bajos recursos para entregar a sus hijos a cambio de dinero.

En 2024, tras una orden de captura internacional, Velázquez fue detenida en España y extraditada a la Argentina, donde permaneció bajo arresto domiciliario en Tigre. La reciente condena le permitió acceder a la libertad condicional, al computarse el tiempo ya detenido en el extranjero y en el país. Sin embargo, el tribunal advirtió que el beneficio es revocable si incumple las condiciones impuestas.

El caso ha generado un intenso debate sobre la ética judicial y la protección de los derechos de niños y madres en procesos de adopción. El Ministerio Público Fiscal apeló el permiso de viaje otorgado a Velázquez, mientras que organizaciones y medios subrayan la gravedad de la vulneración de derechos y la necesidad de fortalecer los controles en el sistema de adopciones. La condena marca un precedente en la lucha contra la corrupción judicial y la defensa de los sectores más vulnerables.