Fuerzas federales desplegaron un amplio operativo de control sobre micros que trasladaban manifestantes hacia la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena y prisión domiciliaria. Los controles incluyeron la detención de vehículos, identificación de pasajeros, toma de fotografías de documentos y copia de listas de pasajeros, según denunciaron legisladores y organizaciones sociales.

El diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) anunció la presentación de una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunta violación a la Ley de Inteligencia. "Bullrich está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos", afirmó Moreau, quien llevará el caso ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. La agrupación La Cámpora también responsabilizó al presidente Javier Milei y a Bullrich por el accionar de las fuerzas de seguridad, calificándolo como "amedrentamiento político".

Durante los operativos, un micro escolar que transportaba estudiantes a una excursión fue detenido en la Autopista Ricchieri, lo que generó críticas de referentes políticos y organizaciones sociales. La abogada Myriam Bregman (FIT) cuestionó la legalidad de la medida y pidió la intervención de la justicia. Además, se reportó la detención de un manifestante por amenazas al presidente Milei, hecho que fue registrado en vivo por un canal de televisión.

Patricia Bullrich defendió el accionar policial, argumentando que se trató de la aplicación del protocolo antipiquetes y que se buscó "molestar lo menos posible" a la ciudadanía. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma del estatuto de la Policía Federal podría habilitar requisas sin orden judicial en el contexto de protestas sociales.

La movilización en apoyo a Cristina Kirchner se produjo en un clima de alta tensión política, con masiva participación y fuerte presencia de fuerzas de seguridad. El operativo y las denuncias presentadas abren un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a la protesta y el uso de herramientas de inteligencia en la Argentina contemporánea.