El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha oficializado una reforma migratoria que introduce cambios significativos en las leyes de migración, educación y ciudadanía. El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, limita el acceso gratuito a servicios públicos como salud y educación superior, y establece nuevas condiciones para la residencia en el país.

Entre las modificaciones más destacadas, se exige que los extranjeros demuestren medios económicos suficientes para obtener la residencia permanente, mientras que la figura de "residencia precaria" se limita a un período de 90 días, sin posibilidad de usarla como prueba de arraigo para acceder a la ciudadanía. Además, la ciudadanía por naturalización ahora requiere residencia legal continua o la realización de inversiones relevantes en el país.

En el ámbito de los servicios públicos, la reforma habilita el cobro de aranceles en universidades públicas para extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Asimismo, el acceso al sistema de salud público será gratuito únicamente para residentes permanentes y en casos de emergencia. Los extranjeros deberán presentar un seguro médico o pagar por los servicios recibidos.

El decreto también amplía los motivos para impedir el ingreso y cancelar residencias, incluyendo antecedentes penales, documentación falsa y sospechas fundadas de delitos. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) obtiene mayores facultades para realizar controles y fiscalizaciones, incluso en espacios privados, con el apoyo de la fuerza pública si es necesario.

El gobierno justifica estas medidas como una respuesta a los desafíos que plantea el aumento de flujos migratorios debido a crisis políticas y sociales en países vecinos y deportaciones masivas desde Estados Unidos. Según el decreto, estas políticas buscan garantizar la seguridad y estabilidad social, así como aliviar la presión sobre los sistemas de salud y educación.

Sin embargo, organizaciones como el CELS han criticado la reforma, argumentando que viola derechos constitucionales y tratados internacionales. También se cuestiona el uso de un decreto de necesidad y urgencia para implementar cambios tan profundos sin debate parlamentario.

Las universidades públicas, como la UBA, están evaluando cómo implementar el cobro de aranceles y su impacto en los estudiantes extranjeros. Mientras tanto, el Consejo Universitario Nacional discutirá el tema en su próximo plenario.

La reforma migratoria representa un cambio significativo en la política migratoria argentina, con implicaciones profundas para residentes y extranjeros. Aunque el gobierno defiende estas medidas como necesarias para enfrentar los desafíos actuales, las críticas y preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos y la cohesión social continúan creciendo.