Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado este viernes a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, Entre Ríos. El operativo, realizado bajo estricta reserva y fuerte custodia policial, responde a la decisión judicial de mantenerlo aislado y bajo vigilancia permanente mientras se resuelve su situación procesal.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, enfrenta cargos por doble femicidio y homicidio criminis causa. La jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, le dictó 120 días de prisión preventiva por el asesinato del remisero, en línea con el pedido de la fiscal Daniela Montangie. El acusado será trasladado en los próximos días a Córdoba, donde la justicia local lo indagará por los femicidios de la madre y la abuela de su hijo.

Durante el traslado y en breves contactos con la prensa, Laurta insistió en que su accionar fue para “rescatar a su hijo”, justificando los crímenes. Su defensa, encabezada por el abogado José Legarreta, sostiene que el imputado podría haber atravesado un brote psicótico y solicitará nuevas pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental. "No comprende la gravedad de los hechos", afirmó el letrado, quien considera que la alteración mental será central en la estrategia legal.

El caso ha generado conmoción por los antecedentes de Laurta: tenía una restricción de acercamiento vigente por violencia de género, aunque nunca se concretó la colocación de una tobillera electrónica. Además, especialistas como la criminóloga Olga Fernández Chávez han señalado similitudes con el triple crimen de Florencio Varela, destacando patrones de conducta y la búsqueda de impunidad.

El niño, hijo de Laurta y Luna Giardina, quedó bajo protección de las autoridades. Mientras tanto, la fiscalía y la justicia avanzan en la recolección de pruebas y pericias para determinar la responsabilidad penal del acusado, quien permanecerá aislado hasta que se resuelva su situación judicial. El desenlace del caso podría sentar precedentes en la evaluación de la inimputabilidad y la respuesta institucional ante la violencia de género.