El caso de la criptomoneda $LIBRA ha generado un fuerte revuelo político y judicial en Argentina tras revelarse que Hayden Mark Davis, su creador, realizó transferencias millonarias durante una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El 30 de enero, minutos después de ingresar a la sede de gobierno junto al trader Mauricio Novelli, Davis transfirió US$499.000 a la plataforma Kraken, un banco virtual que permite convertir criptoactivos en dinero físico. Horas más tarde, la misma cuenta movió más de US$3,4 millones, distribuidos en billeteras vinculadas a Davis y su firma Kelsier Ventures.

Estas operaciones coincidieron con momentos clave: la reunión en la Casa Rosada, la publicación de una foto de Milei con Davis en la red X y los días previos al lanzamiento de $LIBRA, que terminó en un colapso abrupto y denuncias de estafa. El token, promocionado inicialmente por Milei como una herramienta para fondear pequeñas y medianas empresas argentinas, fue luego definido por Davis en la justicia estadounidense como una memecoin especulativa, sin valor intrínseco ni garantías para los inversores.

La Justicia argentina y la de Estados Unidos investigan los movimientos de fondos y han congelado activos por US$57,5 millones. En paralelo, la oposición en la Cámara de Diputados exige reactivar la comisión especial que investiga el caso, denunciando bloqueos por parte del oficialismo y preparando informes alternativos ante la parálisis institucional. Legisladores opositores sostienen que existen elementos para considerar que se trató de una maniobra fraudulenta y buscan determinar si hubo participación del entorno presidencial.

El caso también involucra movimientos similares con el token $MELANIA, otro proyecto de Davis, y ha motivado pedidos de información a exchanges internacionales para identificar a los destinatarios de las transferencias. Mientras tanto, el presidente Milei eliminó publicaciones en las que promocionaba $LIBRA y se desligó del proyecto, alegando desconocimiento de sus detalles. El desenlace judicial y político del caso sigue abierto, con la atención puesta en la transparencia de las investigaciones y el posible impacto institucional.