El Gobierno nacional presentó esta semana el anticipo del Presupuesto 2027 y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de “shutdown” estatal, en línea con el modelo estadounidense, que busca limitar el gasto público al nivel presupuestado. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló el programa financiero hasta 2027, destacando la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) como ejes centrales.

Sin embargo, las proyecciones oficiales fueron recibidas con escepticismo por parte de consultoras privadas y legisladores. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación interanual prevista para diciembre de 2027 sería del 20%, cifra superior a la esperada por el Gobierno. Además, los analistas privados mantienen una visión más cauta sobre la velocidad de la desinflación y el dinamismo económico, proyectando una variación anual promedio del PBI del 3% para los próximos años.

El anticipo presupuestario también generó reacciones en el Congreso. El bloque Innovación Federal, aliado al oficialismo, expresó preocupación por el impacto de los recortes en transferencias a provincias, obra pública y partidas de salud, educación y ciencia. Legisladores opositores, como el diputado Itaí Hagman, criticaron la falta de anclaje en la realidad de las proyecciones oficiales, señalando la caída de la inversión y el empleo registrado. El senador Fernando Salino recordó que en el presupuesto anterior las estimaciones de inflación resultaron ampliamente superadas por la realidad, lo que pone en duda la credibilidad de las nuevas metas.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar en el Congreso con otras reformas económicas y electorales, mientras enfrenta el desafío de mantener el respaldo de sus aliados para sostener su agenda. El debate sobre el Presupuesto 2027 se perfila como uno de los ejes centrales del segundo semestre, en un contexto de tensiones políticas y económicas.