El descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Liniers, ocurrido el pasado 11 de noviembre, puso en evidencia una vez más las profundas falencias del sistema ferroviario argentino. El incidente, que no dejó víctimas fatales pero generó preocupación entre los usuarios, fue atribuido por los gremios y peritajes oficiales a una falla técnica en el sistema de señalamiento recientemente instalado, descartando errores humanos como causa principal.

Según declaraciones de Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria, "no es una falla humana, es un problema técnico". Sobrero explicó que el nuevo sistema de señalamiento, entregado apenas una semana antes del accidente, presentó desperfectos en las cajas de cambio, lo que provocó el descarrilamiento. El maquinista involucrado fue sometido a análisis de laboratorio para descartar la ingesta de alcohol o drogas, con resultado negativo.

El hecho reavivó los reclamos de los trabajadores ferroviarios, quienes denuncian desde hace años la falta de mantenimiento, la escasez de personal y los salarios por debajo de la línea de pobreza. Cristian Duarte, delegado del Ferrocarril Sarmiento, señaló que "el capital más importante que tiene la empresa es el factor humano, pero los trabajadores se están yendo por la baja de salario tan brutal que han tenido". Los gremios, entre ellos La Fraternidad y Unión Ferroviaria, han documentado problemas de infraestructura y seguridad desde hace más de una década, advirtiendo sobre los riesgos constantes que enfrentan cientos de miles de pasajeros.

El sistema ferroviario argentino combina tecnologías de distintas épocas y orígenes, lo que dificulta la operatividad y la seguridad. En septiembre, los sindicatos decidieron reducir la velocidad de los trenes a 30 kilómetros por hora en varias jornadas, no como medida de fuerza, sino como respuesta a la falta de mantenimiento de las vías. El ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno Nacional ha profundizado la crisis del sector, según los trabajadores.

Este episodio se suma a la tragedia de Once de 2012, que marcó un antes y después en la percepción pública sobre el transporte ferroviario y la responsabilidad estatal. El debate sobre la gestión estatal versus privada, la necesidad de inversión y la profesionalización de la administración del sistema sigue abierto, mientras gremios y usuarios exigen soluciones de fondo para evitar nuevos incidentes y mejorar la calidad del servicio.

El transporte público, fundamental para la movilidad y la equidad social, enfrenta desafíos estructurales que requieren reformas urgentes y una gestión transparente y eficiente. La seguridad de los pasajeros y la competitividad logística del país dependen de decisiones que aún esperan ser tomadas.