Una ola de amenazas de tiroteos en escuelas argentinas ha generado alarma y preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general. En las últimas 48 horas, la Justicia de San Isidro recibió más de 600 denuncias por amenazas de masacres escolares, mientras que en Córdoba las denuncias superan el centenar. Las intimidaciones, que se difunden a través de redes sociales, pintadas en baños y mensajes anónimos, han provocado la imputación de al menos ocho adolescentes y la detención de varios más en distintas provincias.

El fenómeno se intensificó tras un tiroteo real en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, que terminó con la muerte de un estudiante. Desde entonces, frases como “Mañana tiroteo” o “Van a morir todos” comenzaron a aparecer en instituciones educativas de todo el país. La Justicia y la policía han desplegado operativos de seguridad, incluyendo allanamientos y patrullajes, y han rastreado perfiles en redes sociales para identificar a los responsables.

La situación ha alterado la rutina escolar: muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clase y los estudiantes manifiestan miedo y ansiedad. “No es que pasó algo, pero el miedo está igual”, relató un alumno. Las autoridades educativas han implementado protocolos de seguridad y refuerzan el trabajo preventivo con estudiantes y familias. “No es una broma, es un delito de amenaza”, advirtió Cristian Cariddi, titular de la dirección de Control de Educación de Córdoba.

El debate se amplió al impacto de las redes sociales y la salud mental de los jóvenes. Organizaciones estudiantiles reclaman un abordaje integral y presupuesto para la ley de salud mental. Expertos y exdirectivos escolares subrayan la importancia de la prevención y el trabajo en red para detectar señales tempranas y contener a los estudiantes.

Aunque las amenazas no se concretaron, el clima de incertidumbre y temor persiste en las escuelas, reflejando una crisis que trasciende lo educativo y exige respuestas coordinadas entre justicia, educación y sociedad.