El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La causa, impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, apunta a un supuesto esquema de coimas y desvío de fondos públicos a través de una empresa intermediaria, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA.

Según la acusación, D’Onofrio habría acordado con siete empresas la adjudicación del servicio de VTV a cambio de pagos ilegales, utilizando a Soluciones SA como intermediaria para canalizar los fondos. Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, la empresa habría recibido más de $4.900 millones, cobrando entre el 3% y el 8,5% del costo de cada verificación por la gestión de turnos online. La fiscalía sostiene que la firma, adquirida por Sebastián Desio poco antes de obtener el contrato, carecía de experiencia y recursos en el sector, lo que refuerza la hipótesis de un direccionamiento irregular.

D’Onofrio, quien renunció a su cargo en diciembre de 2024 tras la denuncia, presentó un escrito ante la Justicia negando las acusaciones y defendiendo la legalidad del proceso licitatorio. “El proceso fue legal, público e internacional, con aval de los organismos de control”, argumentó en su descargo. Sin embargo, la investigación también abarca presuntas maniobras irregulares en el sistema de fotomultas, donde se sospecha la existencia de una red de abogados y funcionarios que ofrecían reducciones ilegales de infracciones a cambio de pagos.

El caso ha derivado en el procesamiento y embargo de D’Onofrio por $350 millones, así como en la citación a declarar de empresarios y otros funcionarios involucrados. La defensa del exministro insiste en que no existieron beneficios indebidos y que la contratación de Soluciones SA representó una mejora en la transparencia del sistema. Por su parte, la fiscalía mantiene la hipótesis de un esquema de retornos y lavado de activos, con posibles consecuencias políticas y judiciales de alcance provincial.

La investigación continúa, con nuevas declaraciones previstas y la expectativa de que el avance de la causa arroje mayor claridad sobre el funcionamiento del sistema de VTV y la gestión de fondos públicos en la provincia de Buenos Aires.