La implementación del sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 11 de agosto de 2025, ha generado un intenso debate entre fiscales, legisladores y el gobierno nacional. Este modelo, que asigna a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales y establece plazos más cortos para resolver los casos, busca agilizar los procesos judiciales y mejorar la eficiencia del sistema.

Sin embargo, la falta de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura ha sido señalada como un obstáculo crítico. Los fiscales de Comodoro Py enviaron una carta al procurador general Eduardo Casal, advirtiendo que "el panorama actual dista de ser auspicioso" y que la implementación podría fracasar sin medidas urgentes. Entre las carencias mencionadas se encuentran demoras de hasta 18 meses en peritajes tecnológicos, falta de espacio físico en las fiscalías y una proporción insuficiente de personal técnico especializado.

El Frente Renovador, a través de figuras como Cecilia Moreau y Diego Giuliano, también expresó su preocupación. "El nuevo Código Procesal Penal Federal es un avance necesario, pero su implementación sin recursos ni planificación lo condena al fracaso", afirmó Giuliano. Por su parte, Moreau calificó la situación como "una nueva frustración" debido a la falta de presupuesto asignado.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la decisión de avanzar con la reforma y aseguró que se cuenta con un presupuesto de $4.381 millones, proveniente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). No obstante, los fiscales consideran que esta cifra es insuficiente para cubrir las necesidades de una jurisdicción tan compleja como Comodoro Py, que maneja casos de corrupción, narcotráfico y delitos económicos.

El sistema acusatorio ya se aplica en otras provincias desde 2019, pero su implementación en Comodoro Py presenta desafíos adicionales debido a la alta complejidad de los casos que allí se tramitan. Según los fiscales, "la implementación efectiva de este nuevo modelo procesal requiere una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas e infraestructura acorde".

A pesar de las críticas, el gobierno mantiene su postura de avanzar con la reforma en la fecha prevista. Sin embargo, el riesgo de que el sistema colapse por falta de recursos plantea interrogantes sobre su viabilidad y su impacto en la lucha contra delitos graves. La situación sigue generando tensiones entre los distintos actores involucrados, mientras se acerca la fecha de implementación.