El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. La situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad.

Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina y, al negarse a someterse al test, fue sancionado conforme a la normativa vigente, que considera la negativa como "positivo por presunción". Esto derivó en una multa de $1.412.800. El episodio cobró mayor notoriedad luego de que Santiago Saccoccia, padre de una víctima fatal de siniestro vial y referente de la organización Estrellas Amarillas, reclamara públicamente la destitución del edil.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Arce reconoció su error y asumió la responsabilidad: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas". Además, explicó que entregó la documentación solicitada y aceptó la sanción correspondiente. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal", expresó.

La renuncia de Arce se produce en una semana clave para el Concejo Deliberante, ya que está previsto el debate sobre la suba de tasas municipales. Su salida obliga a definir rápidamente a su reemplazante, abriendo un debate interno en el peronismo local sobre quién ocupará la banca vacante. Entre los posibles sucesores figuran Lucía Veláustegui, Paulo Mónaco, Micaela Gasparini, Ricardo Kloster y Mariela Berardi, aunque la decisión final dependerá de acuerdos políticos.

Hasta el momento, ni el Ejecutivo municipal ni el bloque político de Arce han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. El episodio reaviva la discusión sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos, así como la influencia de la presión social y de organizaciones de víctimas en la toma de decisiones institucionales.