El Congreso argentino aprobó la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, tras una semana de intensos debates y negociaciones políticas. El oficialismo logró avanzar en ambas cámaras gracias a acuerdos con gobernadores de distintas provincias y bloques aliados, en un contexto de fragmentación opositora y creciente tensión social.

La votación estuvo marcada por la polémica inclusión y posterior retiro del artículo 44, que preveía descuentos salariales de hasta el 50% en casos de licencias médicas. La presión de la oposición, sindicatos y parte del propio oficialismo llevó a que el gobierno eliminara este punto para asegurar la aprobación de la ley. "Si te lastimaste jugando al fútbol, el empleador no tiene nada que ver", justificó Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la medida, antes de que fuera retirada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos respondieron con la convocatoria a un nuevo paro general y anticiparon que judicializarán la reforma, argumentando que perjudica derechos laborales y que su aplicación podría ser retroactiva. "Vamos a judicializar toda la ley, es inconstitucional", afirmó el dirigente sindical Jorge Sola.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será administrado por entidades bajo control estatal. La oposición advierte que este fondo podría utilizarse para financiar al Tesoro, en detrimento del sistema previsional. El oficialismo, por su parte, sostiene que la medida moderniza el mercado laboral y facilita las indemnizaciones.

El proceso legislativo estuvo atravesado por denuncias de "mercantilización" de votos, con gobernadores que habrían recibido promesas de obras públicas y transferencias de fondos a cambio de su apoyo. A pesar de las críticas, el gobierno logró consolidar una mayoría parlamentaria que le permitió avanzar con la reforma, en un escenario político que le resulta cada vez más favorable.

La aprobación de la ley se da en un contexto de crisis industrial, con despidos y cierres de fábricas, y una oposición que busca reorganizarse tras sucesivas derrotas legislativas. El futuro de la reforma dependerá en gran medida de la respuesta judicial y de la capacidad del oficialismo para sostener los acuerdos alcanzados.