El Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de Salta se encuentra en el centro de una investigación por presunta facturación fraudulenta al Instituto Provincial de Salud (IPS), tras denuncias por el uso indebido del sello y la firma del cardiólogo Edmundo Falú. La polémica se desató cuando un auditor del IPS detectó que la matrícula y el sello de Falú habían sido utilizados para autorizar prácticas médicas que él nunca realizó, lo que llevó al profesional a presentar una denuncia penal por usurpación de identidad profesional.

Según el ministro de Salud, Federico Mangione, la maniobra habría permitido el cobro de más de 100 millones de pesos en prestaciones médicas falsas. "Yo nunca hice ninguna de esas prestaciones, ni conozco a esos pacientes", declaró Falú, quien también notificó al Colegio Médico y al Círculo Médico sobre el riesgo que implica el uso fraudulento de su matrícula. La auditoría del IPS reveló que el sello de Falú fue empleado para avalar cirugías cardíacas, colocación de marcapasos, tomografías y otros estudios de alta complejidad, incluso figurando como jefe de Terapia Intensiva en un establecimiento donde nunca trabajó.

Por su parte, Fernando Saavedra, presidente del IMAC, negó categóricamente cualquier esquema de sobrefacturación y aseguró que todos los pacientes facturados existen y fueron auditados por personal del IPS. Saavedra sostuvo que la única denuncia concreta se refiere al uso indebido del sello y la firma, pero no a la facturación irregular. "No inventamos pacientes. No hay prueba de sobrefacturación porque no ocurrió", afirmó, atribuyendo el conflicto a un hostigamiento estatal que se arrastra desde principios de año, cuando el sanatorio interrumpió temporalmente la atención al IPS por falta de pago.

El caso ha escalado a nivel político y administrativo, con el IPS realizando débitos millonarios a IMAC en los últimos meses y el Ministerio de Salud anticipando investigaciones más amplias que podrían involucrar a otras clínicas y posibles maniobras con medicamentos de alto costo. Mientras la Justicia evalúa la denuncia presentada por Falú, el conflicto expone la fragilidad del sistema de salud salteño ante fraudes y disputas entre prestadores privados y la obra social estatal más grande de la provincia. Las consecuencias judiciales y administrativas podrían extenderse en los próximos meses, mientras el sector permanece en estado de alerta.