Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone el cierre del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y la transferencia de sus funciones a la Jefatura de Gabinete. La iniciativa, impulsada por el legislador Nicolás Pakgojz, busca redirigir los fondos del IVC a la entrega de créditos hipotecarios y modificar la carta orgánica del Banco Ciudad para facilitar el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los fundamentos del proyecto, actualmente menos del 4% del presupuesto del IVC se destina a créditos hipotecarios, mientras que más del 30% se utiliza para cargos políticos y estructura administrativa. "El IVC prioriza su propia estructura antes que la eficacia de la política pública que dice ejecutar", argumentan desde LLA. De aprobarse la medida, alrededor de 1300 trabajadores estatales podrían perder su empleo, según cifras sindicales.

El debate se intensificó tras el reciente anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre nuevos créditos hipotecarios para la clase media, financiados con recursos del IVC y utilidades del Banco Ciudad. Desde LLA, Pakgojz celebró que el gobierno porteño se inspire en sus ideas, pero reclamó avanzar con una reforma más profunda: "Con proyectos a medias tintas no alcanza. Hay que eliminar el Instituto de la Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños".

El proyecto también contempla una reforma al artículo 45 de la ley que regula el Banco Ciudad, para que las utilidades del banco se destinen a bonificar tasas de interés y reducir costos administrativos de los créditos hipotecarios. Actualmente, solo el 10% de las hipotecas en la Ciudad se otorgan a través del Banco Ciudad, según datos oficiales.

El contexto de la propuesta es un fuerte ajuste estatal en la Ciudad de Buenos Aires, con recortes de personal y reducción de partidas presupuestarias para vivienda. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que el presupuesto para vivienda en 2026 será el más bajo en términos reales en 14 años, con una caída del 22,9% respecto a 2025.

La iniciativa generó reacciones encontradas. Mientras LLA sostiene que la eliminación del IVC permitirá mayor eficiencia y acceso a créditos para la clase media, sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre el impacto en el empleo y la urbanización de villas. ACIJ y otros actores sociales critican la baja inversión en vivienda y la suspensión de obras en barrios populares. El debate continuará en la Legislatura porteña, en un clima de fuerte disputa política entre LLA y el oficialismo local.