Los diputados nacionales por Mendoza han cumplido con la obligación de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2025, un ejercicio clave de transparencia en la función pública. El análisis de los documentos revela una amplia variedad de situaciones patrimoniales, con cambios significativos en algunos casos y estabilidad en otros.

Entre los casos más destacados figura el de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional tras desempeñarse como ministro de Defensa. Petri declaró un patrimonio inicial de $84 millones al ingresar al Congreso, tras haber registrado un notable incremento durante su gestión ministerial. Además, informó una deuda familiar de $17,7 millones y la adquisición de un departamento y una cochera en la Ciudad de Mendoza.

Álvaro Martínez, por su parte, incrementó su patrimonio gracias a una herencia superior a $26 millones y la venta de un inmueble. Cambió su vehículo y aumentó sus inversiones en títulos y acciones, aunque redujo su efectivo disponible. Mercedes Llano mantuvo su vivienda y vehículo principal, mejoró sus ahorros en pesos y eliminó deudas previas, reflejando una gestión financiera conservadora.

Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, declaró importantes participaciones en empresas y deudas por unos $14 millones, además de ingresos anuales cercanos a $50 millones. Pamela Verasay, presidenta del bloque UCR, mantiene un departamento y una camioneta, pero enfrenta una deuda hipotecaria cercana a $100 millones.

Otros diputados, como Julieta Metral Asencio y Martín Aveiro, reportaron patrimonios estables, con actividades comerciales y bienes heredados. Lourdes Arrieta, en cambio, no posee bienes inmuebles ni vehículos, pero sí un préstamo bancario reciente.

La presentación de estas declaraciones juradas, obligatoria para todos los funcionarios nacionales, busca fortalecer la transparencia y el control ciudadano sobre el patrimonio de los representantes públicos. Si bien no se han reportado controversias inmediatas, la información publicada es fundamental para el debate sobre ética y responsabilidad en la gestión pública, en un contexto de creciente demanda social por integridad institucional.