En la provincia de San Juan, Argentina, el gobierno actual liderado por Marcelo Orrego ha iniciado una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. Las denuncias abarcan sobreprecios en obras públicas, compras de medicamentos y gastos en pauta oficial.

Uno de los casos más destacados es el del Acueducto Gran Tulum, una obra valuada en 200 millones de dólares que recibió financiamiento nacional e internacional. Según las investigaciones preliminares, los caños instalados originalmente no pasaron las pruebas de presión debido a un método de soldadura inadecuado. Esto habría generado un gasto adicional de 50 millones de dólares para reemplazar la cañería. Además, se sospecha que hubo compras excesivas y posibles vínculos entre la empresa proveedora y el entonces gobernador Uñac.

Otro foco de atención es la compra de medicamentos realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano durante la gestión anterior. Según el vicegobernador Fabián Martín, se investiga la existencia de sobreprecios en estas adquisiciones. "La persona encargada del área Farmacia habría advertido formalmente sobre la posibilidad de sobreprecios, pero las compras continuaron bajo las mismas condiciones", declaró Martín.

Además, se han solicitado informes sobre los gastos en pauta oficial, que habrían alcanzado los 14 millones de dólares. El objetivo es determinar si hubo irregularidades en la contratación de medios y otros gastos realizados por la Secretaría General de la Gobernación.

El vicegobernador Martín afirmó que, de comprobarse las irregularidades, se avanzará con denuncias penales contra los responsables. "Eventualmente, si hubiese pruebas que respalden estos pedidos de informes, existe la posibilidad de realizar denuncias penales", aseguró en una entrevista con Radio Sarmiento.

Desde el justicialismo, se ha cuestionado la medida como una estrategia política para desprestigiar al espacio opositor. Sin embargo, Martín negó que los pedidos de informes tengan un trasfondo político y afirmó que las investigaciones buscan garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Las solicitudes de informes aún deben ser aprobadas en la Cámara de Diputados, y no hay plazos concretos para su resolución. Mientras tanto, el gobierno de Orrego ha señalado que las investigaciones podrían extenderse a otras áreas de la gestión anterior.

El caso ha generado tensiones políticas en San Juan, donde el oficialismo y el justicialismo se enfrentan en un contexto de acusaciones cruzadas. Las próximas semanas serán clave para determinar el alcance de las investigaciones y sus posibles implicaciones legales.