El Senado argentino implementó un aumento del 12,5% en las dietas de sus miembros, lo que llevará los ingresos brutos de los senadores a más de $11 millones a partir de marzo de 2026. Esta suba, retroactiva desde diciembre de 2025 y escalonada hasta mayo de 2026, se enmarca en el acuerdo paritario alcanzado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso.

Hasta el mes previo al aumento, los senadores percibían $10,2 millones en bruto, cifra que tras los descuentos por aportes y el impuesto a las ganancias se reducía a aproximadamente $8,1 millones netos. El nuevo acuerdo, firmado por representantes de la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y autoridades parlamentarias, establece incrementos mensuales que suman un 12,5% acumulado.

El cálculo de la dieta se basa en un sistema de módulos: 2.500 módulos por dieta básica, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, con un valor de módulo actualizado a $2.554,85 en noviembre de 2025. No todos los senadores perciben el total del aumento: algunos han decidido rechazarlo o donarlo, mientras que otros lo aceptarán en su totalidad.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, ante las críticas recibidas, aclaró que no tiene injerencia directa en la determinación de los salarios y sugirió que los senadores donen el aumento a entidades benéficas, como la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El bloque oficialista y figuras como Patricia Bullrich manifestaron su rechazo al incremento, argumentando que no es coherente con la situación económica del país.

El debate sobre los salarios legislativos no es nuevo. En 2024, el Senado decidió volver a acoplar las dietas a los aumentos paritarios, tras una suspensión previa. Mientras tanto, los gremios legislativos consideran que el aumento es solo un alivio parcial y no resuelve la situación del personal.

A pesar de la polémica, el sueldo de los senadores sigue siendo inferior al de otros funcionarios estatales, como jueces federales o directores de empresas públicas. El tema continúa generando divisiones y repercusiones tanto dentro como fuera del Congreso, en un contexto de fuerte sensibilidad social respecto al gasto público.