José Eugenio Díaz, exintendente de la localidad cordobesa de El Brete y exlegislador provincial, fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual y coacción contra seis mujeres, en su mayoría empleadas municipales o beneficiarias de planes sociales. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2004, cuando Díaz utilizó su posición de poder para exigir favores sexuales a cambio de trabajo o la continuidad de beneficios sociales.

La sentencia, dictada por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, se produjo más de dos décadas después de las primeras denuncias. El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que Díaz reconoció su responsabilidad. A pesar de la gravedad de los delitos, la pena no implica prisión efectiva ni inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que generó fuertes críticas de las víctimas y organizaciones sociales.

Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales y testimonios coincidentes de las seis mujeres, quienes relataron amenazas, presiones y situaciones de abuso en el despacho del exintendente. "Era elegir entre hacer lo que él decía o perder el empleo y no poder alimentar a nuestros hijos", declaró una de las víctimas. El fallo también establece restricciones de contacto, la obligación de someterse a tratamiento psicológico y el pago de una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo.

El caso puso en evidencia serias deficiencias en el sistema judicial del norte cordobés, incluyendo demoras injustificadas y presuntas irregularidades en la instrucción. Solo uno de los cinco expedientes abiertos contra Díaz fue elevado a juicio, mientras que el resto permanece sin resolución. El abogado querellante, Pablo Olmos, denunció que el proceso revictimizó a las denunciantes y calificó la pena como "una falta de respeto".

La condena generó protestas en la región y reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género y la necesidad de reformas en el sistema judicial. Organizaciones sociales y familiares de las víctimas reclamaron una revisión de los mecanismos que permitieron la demora y la liviandad de la sentencia. El caso de Díaz, aunque marca un antecedente en la provincia, deja en evidencia los desafíos pendientes en la lucha contra el abuso de poder y la violencia de género en el ámbito público.