Este martes 9 de diciembre, Rosario y varias ciudades argentinas fueron escenario de una jornada nacional de protestas y cortes de calles, convocada por organizaciones sociales y sindicales. La movilización, bajo el lema "Navidad con trabajo y sin hambre", buscó visibilizar la crisis social y laboral que atraviesa el país, en medio del debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Desde las primeras horas de la mañana, los principales accesos a Rosario y puntos estratégicos de la ciudad fueron bloqueados por manifestantes, quienes exigieron condiciones dignas de trabajo y rechazaron las políticas de ajuste. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetera y otras agrupaciones lideraron los actos centrales, acompañados por caravanas y actividades en distintos barrios.

La protesta coincidió con la llegada al Congreso del proyecto de reforma laboral, que propone cambios en la jornada laboral, convenios colectivos y derechos sindicales. "No queremos una Navidad con hambre ni despidos", expresó uno de los referentes piqueteros durante el acto central en Rosario. Las organizaciones sociales advirtieron sobre el impacto negativo de las reformas en los sectores más vulnerables y reclamaron la apertura de instancias de diálogo con el gobierno.

El clima de tensión se vio reforzado por el rechazo a posibles represiones, tras la asunción de la nueva ministra de Seguridad. Los manifestantes exigieron garantías para el ejercicio de la protesta y la defensa de los derechos laborales y sociales.

La jornada se inscribe en una serie de movilizaciones que vienen desarrollándose en todo el país, en respuesta a despidos, suspensiones y cierres de empresas registrados en las últimas semanas. Los convocantes anunciaron que continuarán coordinando acciones a nivel nacional y regional para enfrentar las medidas oficiales y sostener la presión sobre el gobierno.

Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su postura de avanzar con las reformas, argumentando la necesidad de modernizar el mercado laboral y reducir el déficit fiscal. Sectores opositores, en cambio, consideran que las medidas profundizan la crisis y amenazan los derechos conquistados. El desenlace de este conflicto social y político dependerá de las negociaciones en el Congreso y de la capacidad de movilización de los distintos actores involucrados.