En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, un enfermero y su hermano militar fueron procesados con prisión preventiva por la venta ilegal de fentanilo y otros medicamentos. Según la investigación, el enfermero sustraía las ampollas del hospital público donde trabajaba y las ofrecía a través de grupos de Telegram, mientras que su hermano resguardaba las sustancias en su domicilio.

La pesquisa comenzó el 21 de febrero tras una denuncia anónima que alertó a la Policía Federal sobre la actividad ilícita. La fiscal Josefina Minatta, a cargo del caso, ordenó la infiltración de un agente encubierto en los grupos de mensajería. Este agente documentó las transacciones, incluyendo una compra controlada en la que el enfermero entregó cuatro ampollas de fentanilo por 55.000 pesos.

El fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, era promocionado por el enfermero como una droga "pura de laboratorio". En los chats, el acusado ofrecía las ampollas a 35.000 pesos cada una y daba detalles sobre sus efectos. Además del fentanilo, se comprobó la venta de otros medicamentos como lorazepam y carbamazepina.

El 20 de marzo, durante una segunda compra controlada, el enfermero fue detenido en el acto. En los allanamientos posteriores, se incautaron 60 ampollas de fentanilo y otros medicamentos. Las ampollas correspondían al stock del hospital donde trabajaba el acusado.

Ambos imputados fueron procesados por comercio de estupefacientes, tenencia de drogas con fines de comercialización y venta ilegal de medicamentos. El enfermero también enfrenta cargos por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza federal Analía Ramponi dictó prisión preventiva para ambos, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, y ordenó un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.

El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles en hospitales públicos y la vigilancia sobre el uso de plataformas digitales para actividades ilícitas. La gravedad del hecho y el impacto potencial en la salud pública subrayan la importancia de una respuesta judicial contundente.