El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio sacudió a la ciudad de Córdoba este fin de semana. Ambas mujeres fueron asesinadas a balazos en su vivienda del barrio Villa Rivera Indarte, al norte de la capital provincial. Tras el crimen, el principal sospechoso, Pablo Laurta, ex pareja de Luna y padre del niño de cinco años, secuestró al menor y emprendió la fuga hacia Entre Ríos, con la aparente intención de cruzar a Uruguay.

La rápida activación de la Alerta Sofía y la colaboración entre las fuerzas policiales de Córdoba y Entre Ríos permitieron localizar al sospechoso en un hotel de Gualeguaychú, donde fue detenido sin incidentes. El niño fue hallado sano y salvo, y quedó bajo resguardo de las autoridades. "El operativo fue rápido y coordinado, orientado por pistas que señalaban el viaje de Laurta hacia la provincia de Entre Ríos", informaron fuentes policiales a Infobae.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes. El expediente se tramita bajo secreto de sumario, mientras se espera una conferencia de prensa de las autoridades provinciales. Laurta, de nacionalidad uruguaya, tenía antecedentes de violencia de género y había sido denunciado por Luna Giardina tras un intento de ahorcamiento ocurrido años atrás. La víctima había escapado de Uruguay junto a su hijo, buscando protección en Córdoba.

En los días previos al crimen, Luna había compartido en redes sociales mensajes que hacían referencia a relaciones tóxicas y advertencias sobre "psicópatas". Vecinos y allegados describieron a Luna como una joven luchadora y emprendedora, muy querida en la comunidad. Mariel, su madre, convivía con ellas y ayudaba en la crianza del niño.

El caso expuso nuevamente las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia de género para obtener protección efectiva. A pesar de contar con un botón antipánico, Luna no logró activarlo antes del ataque. La web "Varones Unidos", vinculada al sospechoso, difundía su versión sobre el litigio familiar y acusaciones contra la Justicia cordobesa, aunque ninguna de estas denuncias fue confirmada por las autoridades.

La comunidad de Villa Rivera Indarte y familiares de las víctimas exigen justicia y mayor protección para quienes sufren violencia de género. El caso continúa bajo investigación, mientras se analizan las implicancias judiciales y sociales de la tragedia.