El Estado argentino presentó dos nuevos escritos ante la justicia de Nueva York en el marco del juicio por la expropiación de YPF, buscando frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal a Burford Capital, tal como ordenó la jueza Loretta Preska. La condena, que asciende a USD 16.000 millones, también incluye la transferencia de la participación mayoritaria del Estado en la empresa, lo que el Gobierno considera una amenaza directa a la soberanía nacional y a la estabilidad financiera de YPF.

Según la Procuración del Tesoro, la ejecución de la sentencia implicaría una alteración sustancial del statu quo legal y operativo de la compañía, además de violar la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera. "La República sería despojada de su participación mayoritaria en YPF", advirtieron los abogados del Estado, señalando que un cambio de control podría activar cláusulas de deuda que obligarían a pagos anticipados a acreedores y afectarían a más de 23.000 empleados.

Los fondos demandantes, entre ellos Petersen/Eton y Bainbridge, se opusieron a la suspensión solicitada por Argentina y citaron declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof como prueba de una supuesta obstrucción. El equipo jurídico argentino respondió que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión no incide en la estrategia legal actual.

El Gobierno también argumentó que no existe jurisprudencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que permita ejecutar activos estatales extranjeros fuera de EE.UU., y que la transferencia de acciones requeriría autorización del Congreso argentino. Mientras tanto, se prepara una apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito y se insiste en que el caso presenta cuestiones legales inéditas, lo que podría aumentar las chances de revertir el fallo.

En paralelo, legisladores impulsan proyectos para impedir el traspaso de acciones y blindar el control estatal sobre YPF. El debate sobre la legitimidad de un eventual acuerdo extrajudicial y las consecuencias para la economía argentina sigue abierto, en un contexto donde YPF es considerada estratégica para el desarrollo energético y la balanza comercial del país.