El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida central de la reforma laboral que busca combatir la informalidad y promover la creación de empleo registrado en el sector privado. La decisión se formalizó mediante el decreto 315/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, tras la reciente habilitación judicial que destrabó la vigencia de la reforma.

El RIFL establece una reducción de las contribuciones patronales durante 48 meses para los empleadores que contraten trabajadores que no tenían empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, hayan estado desempleados en los seis meses previos, sean ex monotributistas sin relación de dependencia reciente o provengan del sector público. El beneficio podrá aplicarse a nuevas contrataciones realizadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, hasta un máximo del 80% de la nómina de cada empleador.

Las alícuotas reducidas serán del 2% y 3%, dependiendo del destino de los aportes, lo que representa una significativa disminución de la carga laboral para las empresas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento del régimen y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo la obligación de recomponer los aportes no abonados con intereses.

El decreto también mantiene la obligatoriedad de la contribución al Fondo de Asistencia Laboral y prevé la articulación con programas sociales, para garantizar que los trabajadores no pierdan prestaciones al ingresar al empleo formal. La reglamentación llega luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la medida cautelar que suspendía parte de la reforma, mientras que la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero.

El Gobierno considera que la legislación está plenamente vigente y avanza en su implementación, mientras que sectores empresariales ven la medida como un incentivo para la formalización. Por su parte, los sindicatos mantienen cautela y continúan litigando en la justicia. El futuro de la reforma dependerá de la evolución de los litigios y de la respuesta del mercado laboral a los incentivos propuestos.