El policía federal Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, enfrenta una grave imputación tras la muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años que recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo en Ciudad Evita, partido de La Matanza. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando Aguilar Fajardo, fuera de servicio y acompañado por su madre, fue abordado por cuatro presuntos delincuentes armados en la intersección de Crovara y Madrid. Según su declaración, disparó 11 veces con su arma reglamentaria al creer que la vida de su madre estaba en peligro.

Las pericias confirmaron que todos los disparos provinieron del arma del policía y que el revólver de los asaltantes era de juguete. Uno de los proyectiles impactó a Thiago, quien esperaba el colectivo junto a su padre a casi 200 metros del lugar del tiroteo. Además, uno de los presuntos asaltantes murió y otros dos resultaron heridos, mientras que el cuarto logró escapar.

El fiscal Diego Rulli agravó la imputación contra Aguilar Fajardo, pasando de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual, al considerar que el policía pudo prever el riesgo de su accionar y aun así decidió disparar en una avenida transitada y en horario concurrido. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de prisión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió públicamente al policía y responsabilizó a los delincuentes por la tragedia, afirmando: “Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida”. Sin embargo, el fiscal resistió la presión política y mantuvo la acusación agravada.

La familia de Thiago expresó su profundo dolor y exigió justicia, mientras que vecinos y organismos de derechos humanos reclamaron mayor control sobre el uso de armas por parte de policías fuera de servicio. El caso reavivó el debate sobre la legítima defensa y el uso de la fuerza en situaciones de inseguridad, y se espera que la investigación continúe en los próximos días para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados.