Norma Acosta, una mujer con antecedentes judiciales y notoriedad mediática en Rosario, fue detenida este jueves bajo la sospecha de haber organizado un ataque a tiros contra su propia casa en el barrio Tablada. El hecho, ocurrido en mayo pasado, había sido inicialmente denunciado por la propia Acosta como una represalia por sus denuncias públicas sobre corrupción policial, específicamente el desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros.

Sin embargo, la investigación encabezada por el fiscal Pablo Socca reveló inconsistencias en el relato de Acosta. Según las pruebas recolectadas, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad y testimonios presenciales, los agresores fueron dos jóvenes que se movilizaban en bicicleta, y no en un automóvil como había declarado la víctima. Uno de los jóvenes, Ignacio N., de 17 años, fue detenido poco después del ataque, mientras que Nicolás Robles, de 18, fue arrestado horas más tarde. Ambos admitieron haber actuado bajo las órdenes de Nahuel “Monta” Depetris, presunto integrante de la barra brava de Newell’s Old Boys, quien fue imputado como coautor del hecho.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Acosta habría orquestado el ataque para desviar la atención de las investigaciones en curso y generar presión mediática. Además, se dictó una orden de captura para Juan José “Jota Jota” Gómez, vinculado a las barras bravas de Rosario Central y Newell’s, sospechado de haber instigado la balacera.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió al caso en conferencia de prensa, señalando la complejidad de la investigación y la posible existencia de una trama criminal encabezada por la propia Acosta. “Todo parece indicar que había una trama criminal muy importante en cabeza de la propia supuesta afectada”, afirmó Cococcioni, quien también destacó la importancia de esperar el avance judicial.

Mientras la fiscalía avanza con cargos por intimidación pública, falso testimonio y amenazas, la defensa de Acosta sostiene que se trata de una persecución en su contra. El caso pone en evidencia la compleja relación entre el delito organizado, la corrupción policial y la exposición mediática en Rosario, en un contexto de creciente violencia y desconfianza institucional.