A dos años de la llegada de Javier Milei a la presidencia, el gobierno argentino enfrenta una de sus mayores crisis políticas tras la apertura de una investigación judicial por presuntas coimas y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso, que involucra a exfuncionarios, empresarios y menciona a Karina Milei, hermana del presidente, como posible receptora de retornos, ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en la agenda política nacional.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, se centra en un presunto esquema de corrupción que habría operado mediante sobreprecios y pagos ilegales en la compra de medicamentos e insumos para programas de discapacidad. Los audios filtrados y la documentación incautada apuntan a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, y a Miguel Ángel Calvete, empresario vinculado al organismo, como principales responsables. Según la fiscalía, el esquema aplicaba porcentajes fijos sobre los contratos adjudicados, de los cuales un 3% habría sido dirigido a Karina Milei.

Spagnuolo se presentó ante el juez Sebastián Casanello, negó las acusaciones y optó por no declarar, mientras que Calvete también se negó a responder preguntas. La causa ha derivado en la renuncia de Ornella Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, tras el hallazgo de u$s700.000 en su vivienda. Además, se investiga la relación comercial entre los implicados y empresas proveedoras favorecidas por el esquema.

El presidente Milei, consultado sobre el caso, aseguró tener "absoluta tranquilidad" y atribuyó la denuncia a "operaciones políticas" y a la "complicidad de los medios". En declaraciones radiales, insistió en la transparencia de su gestión y defendió la independencia judicial, afirmando que "la verdad saldrá a la luz". Milei también destacó los avances económicos de su gobierno y los acuerdos internacionales, buscando desviar el foco de la polémica.

El escándalo se produce en un contexto de elecciones de medio término y tras otros episodios controvertidos, como la criptoestafa $LIBRA y el caso Espert-Machado, que han puesto en cuestión la lógica de financiamiento y supervivencia política en la administración libertaria. Mientras la oposición exige respuestas y transparencia, la sociedad parece asumir la corrupción como parte del costo político, según el análisis de diversos medios.

La investigación continúa, con nuevas indagatorias y medidas judiciales previstas, mientras el gobierno busca mantener la estabilidad y el respaldo social en medio de la controversia. El desenlace del caso ANDIS podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Milei y su equipo.